CONTRATACIÓN PÚBLICA

La complejidad de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, exige un conocimiento preciso de la interpretación que la jurisprudencia nacional como europea hace de sus diferentes bloques dispositivos.

 

Nuestro despacho ofrece un asesoramiento especializado, dirigido tanto a empresas como a autónomos, en el ámbito de la contratación pública.

 

En este sentido, no solamente contamos con abogados especializados en procedimientos de contratación, tanto de entes locales como autonómicos y estatales, sino que ponemos a disposición de nuestros clientes un asesoramiento integral para la elaboración de proyectos candidatos a resultar adjudicatarios en cualquier tipo de licitación del ámbito concreto.

 

En la dinámica de actuación de las instituciones públicas, las relaciones contractuales encaminadas a satisfacer las necesidades dotadas de un interés público otorgan a la Ley de Contratos del Sector Público una relevancia crucial.

 

En dicha normativa y leyes complementarias, se encuentran las formalidades procedimentales, y también sustantivas, a las cuales están sujetas las diferentes bases de la contratación pública: procedimiento necesario de licitación, presentación de ofertas, adjudicación, formalización del contrato, ejecución y terminación.

 

Nuestros abogados son conocedores de los distintos obstáculos que un licitador se puede encontrar tanto en la fase de adjudicación como en la fase de ejecución de un contrato público.

 

Por ello, hemos diseñado protocolos específicos para cada casuística, agilizando la gestión del asunto y elevando las probabilidades de éxito de los recursos administrativos o las contiendas contenciosas en las que un agente contratante con la Administración se puede ver envuelto.

 

Algunas de las materias más estudiadas, objeto de recurso, por nuestros abogados en el ámbito de la contratación pública son las siguientes:

 

· Determinación de oferta anormalmente baja contraria a la Ley.

· Denuncias administrativas sobre incumplimientos contractuales.

· Intervención en procedimientos de establecimiento de penalidades.

· Fraccionamientos de los contratos contrarios a la Ley.

· Calificaciones erróneas de contrato.

· Desestimiento de la Administración y daños y perjuicios.

· Ausencia de motivación de las puntuaciones obtenidas en el procedimieinto de licitación.

· Actuaciones contrarias a la normativa reguladora de la competencia.

· Inactividad de la Administración respecto al pago del precio o a la devolución de garantías.